El presidente Zapatero ha claudicado finalmente ante la presión del eje franco-alemán y se ha puesto manos a la obra para reformar a toda prisa la Constitución para ponerle un techo al déficit del Estado y las CCAA antes de que finalice esta legislatura, generando sorpresas entre sus propias filas y un fuerte debate interno. Los motivos que hay detrás de esta aparente prisa que ha acometido al Gobierno para llevar a cabo una medida a la que hace un año se había opuesto permanecen en la oscuridad, aunque podemos sospecharlas. Sin embargo, el mayor temor entre las voces contrarias a ella está en su potencial de minar el estado del bienestar.
Si bien es cierto que la Seguridad Social está protegida por nuestra Carta Magna, parece poco realista creer que la sanidad, la educación y otros beneficios sociales no se van a resentir con esta limitación. Yo apostaría mi dinero a que alguna forma de co-pago no queda muy lejos de ser implantado en nuestro sistema.
El objetivo es claramente demostrar a los mercados que no hay razón para temer que España no sea capaz de administrar su deuda pública. Lo cierto es que para ser un país con calificación doble A, su deuda se estaba colocando a unos intereses escandalosamente altos.
Esta misma semana hemos visto como la presión sobre la deuda española remitía al bajar la prima de riesgo de los 400 a los 280 puntos básicos y colocar el tesoro 2.941 millones de euros en letras a tres y seis meses con un amplio colchón de demanda. Los títulos a seis meses se colocaron al 2,2% y los títulos a seis meses a un interés del 1,4%, evidenciando una bajada desde el 2,5 y el 2% de interés a los que se vendieron respectivamente el pasado mes de junio.
Sin embargo, muchos opinan que la mejor forma de blindar a Europa contra los ataques a la deuda de sus países miembros es mediante la emisión de bonos europeos. Algo de lo que, como es lógico, Angela Merkel no quiere ni oír hablar.
Zapatero no ha dado detalles sobre cómo se articulará ese límite, que aún está en fase de negociación entre socialistas y populares. La enmienda necesitará de una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado, algo que ambos partidos pueden lograr con holgura al unirse, y no precisa de referendo popular. Sin embargo, ya son muchas las voces que están pidiendo que dicho referendo sí se lleve a cabo, algo que se manifiesta con gran fuerza en Internet. Si el 10% del Congreso o el Senado votan a favor de la consulta popular, ésta debería realizarse. Aunque parece difícil que algo así ocurra, mi espíritu democrático me lleva a desear suerte a todas estas iniciativas.
Si finalmente se modifica la constitución, solo nos queda esperar que sea de tal forma que no nos cerremos puertas que podemos necesitar abrir en un futuro. En principio, hay que evitar imponer un límite numérico en euros para que la depreciación y la inflación no obliguen a nuevas reformas cada poco tiempo. Lo más lógico sería vincular el déficit con el PIB (las últimas informaciones hablan del 0,4%) introduciendo los elementos correctores necesarios para corregir el efecto de los ciclos económicos tanto expansivos como recesivos, poniendo especial cuidado en que los márgenes de desviación déficit sean los suficientemente amplios para que el país tenga margen de maniobra para hacer frente de forma holgada a los errores de estimación, que siempre están ahí para “solaz” de políticos y economistas. En resumen, se necesita de una gran flexibilidad.
Sin embargo, mucho me temo que Rajoy comprobará si llega a Moncloa que esta medida no va a tener un efecto destacable a corto plazo, especialmente cuando se habla de que entre en vigor alrededor del 2018. De momento, el gobierno sigue con su objetivo de tratar de reducir el déficit al 6% del PIB este año y al 4,4% en 2012, aunque es muy posible que este último esfuerzo lo tenga que finalizar el Partido Popular.