Cada vez es más obvia la necesidad de potenciar los seguros de sanidad privada como complemento a los servicios nacionales de protección. Es obvio que estos últimos tienen unas limitaciones en cuanto a calidad y posibilidades de dar un servicio adecuado a una cada vez mayor población necesitada de ellos, y por eso es urgente la necesidad de potenciar los seguros privados, pero existen colectivos que no tienen un acceso fácil.
Como en cualquier tipo de seguro, la aseguradora antes de admitir a un asegurado evalúa el riesgo que le supone ese seguro, y en base a ello desestima la candidatura del solicitante, la acepta sin más o bien la acepta con ciertas limitaciones o aplicando una prima que le mitigue ese riesgo. Esta realidad a todas luces lógica y necesaria para una empresa privada que precisa de rentabilidad para subsistir, choca con esa necesidad demandada.
Colectivos como los diabéticos, personas que hayan sufrido enfermedades o dolencias de importancia previamente a la concertación de la póliza, o personas obesas (el incide de masa corporal es uno de los más estudiados por las aseguradoras para admitir o no a un asegurado) por nombrar algunos de los colectivos afectados, pueden tener muy difícil o imposible acceso a dichos seguros.
Este problema es de muy difícil resolución, ya que por una parte choca la mencionada y lógica legitimidad empresarial, con la necesidad de contar con seguros privados para hacer más sostenible el sistema público. Lógicamente aunque muchos usuarios esto no lo entiendan, las aseguradoras no son ONG ni asociaciones caritativas.
Probablemente en todo caso la solución pase por mantener estos colectivos el servicio público actual mal que les pese, y esperar a cambios regulatorios. Cambios no que obliguen a las aseguradoras a admitir a todos los ciudadanos sin más, pues sería el fin de ellas, pero igual si que el estado para descargar sus sistemas públicos financie o estimule a las compañías privadas para tener también a este tipo de colectivos.