Tras un Consejo de Ministros extraordinario en el que, en principio, no se esperaban sorpresas, José Blanco, como Ministro Portavoz del Gobierno, anunció la medida estrella para este fin de legislatura, como es la reducción del IVA que grava las operaciones de compraventa de vivienda en cuatro puntos porcentuales, pasando del 8% actual al 4% que tendrá a partir de ahora y hasta el próximo 31 de diciembre, como una medida provisional.
La temporalidad de la medida se encuentra encuadrada en el convencimiento de que los incentivos a la compraventa de viviendas influyeron claramente en la génesis de la actual crisis financiera al inflar la burbuja inmobiliaria que todavía hoy está provocando la paralización económica del país.
Sin embargo, esta medida sorprende por ir en la dirección contraria a todas las decisiones que había venido tomando el Gobierno de Zapatero hasta el momento, como, por ejemplo el incremento de la tasa impositiva del IVA pasando del 7% al 8% el 1 de julio de 2010, o la eliminación de la universalidad de la desgravación fiscal por compra de vivienda, manteniéndola para las rentas menores de 24.000 euros, pero eliminándola para el resto de contribuyentes.
En este sentido, algunos analistas han querido ver una cesión del Gobierno a las presiones de promotoras y constructoras que llevan tiempo exigiendo una medida similar con el objetivo de poder vender la tremenda bolsa de viviendas que siguen manteniendo en stock, y que algunos sitúan en cerca de 1.000.000 de inmuebles.
Por otro lado, ha habido quejas por parte de los consumidores porque esta reducción impositiva sólo afecta a las viviendas que están gravadas con el IVA, ésto es, las viviendas nuevas, mientras que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que grava las operaciones de compraventa entre particulares, se sigue manteniendo en el 8%, en una clara injusticia tribuataria.
Y, por último, los sectores sociales y económicos situados a la izquierda del espectro social han calificado esta medida como socialmente injusta, al beneficiar sólo a aquellas personas con mayor capacidad adquisitiva, que son las que se pueden permitir comprar un inmueble hoy en día, en lugar de promover medidas más generalistas y con beneficios más globales para el conjunto de la sociedad.