La dación en pago ha vuelto al debate nacional a raíz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que condenaba a una entidad financiera a aceptar la vivienda como suficiente para saldar la deuda hipotecaria de su cliente, en lugar de mantener viva la deuda por la diferencia entre el precio de venta del inmueble en pública subasta y el capital pendiente de amortizar.
Y es que cada vez son más las voces que reclaman la dación en pago como la mejor solución para las situaciones de embargos hipotecarios, de forma que las familias que pierden la vivienda al menos saldan su deuda y pueden comenzar de nuevo, no de negativo.
Aún cuando los analistas aceptan que la dación en pago puede acarrear ciertos inconvenientes, entre los que destacan principalmente el encarecimiento general de las hipotecas, lo cierto es que se trata de un elemento de justicia social incuestionable en cuanto comparte el riesgo de la depreciación inmobiliaria entre la entidad financiera y el cliente.
Por otro lado, también se ha reconocido desde todos los ámbitos que la aplicación de la dación en pago de manera retroactiva colapsaría el sistema financiero, ya que el apalancamiento financiero que sufren las entidades de nuestro país por el excesivo peso de los inmuebles embargados en sus balances se convertiría en pérdidas patrimoniales graves al perder estos inmuebles su valor de la noche a la mañana.
Sin embargo, la dación en pago como una nueva cláusula en el articulado de las nuevas hipotecas constituidas parece ser la mejor solución a todos los niveles, ya que protegería a los ciudadanos ante los abusos del sistema, a la vez que otorgaría a las entidades financieras cierto margen de maniobra para enfrentarse a las nuevas reglas del juego.
En definitiva, la dación en pago sigue estando en el candelero político, y cada vez que surge una nueva sentencia condenatoria contra el sistema financiero surgen las voces reclamando su aplicación de manera generalizada para mantener un sistema de igualdad entre bancos y cajas y ciudadanos.
A pesar de ello, el Gobierno se ha negado siempre a su aplicación saliendo siempre en defensa de los intereses del sistema financiero, en lugar de los de los ciudadanos.