El sindicato UGT se ha descolgado con una serie de propuestas lanzadas a todas las administraciones, aunque realizadas desde la delegación madrileña del sindicato, con el objetivo de garantizar los derechos de los hipotecados y evitar en el futuro los dramas sociales que estamos viviendo en estos momentos de crisis económica.
Unas propuestas que van encaminadas a delimitar por ley el articulado contractual de las hipotecas, de forma que no haya margen para las entidades financieras para utilizar su poder de negociación ni para que la incultura financiera del ciudadano le haga tomar decisiones equivocadas.
¿Cuáles son estas propuestas de protección de los hipotecados?
1. Reducir el plazo de amortización. UGT quiere terminar con las hipotecas de por vida, con los productos hipotecarios que se van hasta los 40 años y que condenan a las familias a seguir pagando la cuota hipotecaria durante tantos años. Además, al alargarse los plazos de amortización también se incrementan los intereses que acaban pagando las familias. Por ambas cosas, UGT ha pedido a las administraciones una limitación del plazo de amortización hasta un máximo de 25 años.
2. Menor capital. En ese mismo sentido, también ha propuesto que se limite por ley el máximo que una entidad financiera puede conceder en una hipoteca. Si la práctica habitual nos habla del 80% del valor de tasación, y durante los años de burbuja inmobiliaria se llegaron a conceder hipotecas sobre al 100% y hasta el 120% del valor de tasación de las viviendas, UGT pide que ahora se fije por ley un máximo del 75% del valor de tasación de la vivienda.
3. Dación en pago judicial. UGT pide que los jueces tengan la potestad para determinar cuando una hipoteca fue concedida bajo riesgo de impago, momento en el cuál determinaría la dación en pago como método de resolución de la misma, de manera que el titular hipotecario entregara la vivienda a cambio de condonar la deuda y quedarse sin ninguna obligación de cara a la entidad financiera.
Sin duda, se trata de propuestas interesantes, que van directas al debate de hasta que punto el Estado puede entrar a coartar las libertades de los ciudadanos.